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Académico Humberto Nogueira validó fundamentos de acusación constitucional contra ministra Cubillos

09/30/2019

La acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, se tomó la agenda política. Si bien la derecha y una batería importante de abogados ha salido a plantear que el libelo acusatorio carece de fundamento, jerarquía, que estaba mal elaborado y que hasta fue calificado como “wantan jurídico” por algún honorable diputado, la verdad es que dicha acusación mantiene en jaque a la secretaria de Estado y a la Moneda en extrema alerta, poniendo en marcha a miles de bots que en redes sociales se han encargado de posicionar el trending topic de “Cubillos valiente”.

En entrevista con Ultima Palabra, el doctor en derecho constitucional Humberto Nogueira, Director Doctorado en Derecho y del Centro de Estudios Constitucionales de Chile de la Universidad de Talca también dio su opinión.

“Creo, de acuerdo al análisis efectuado y a los distintos capítulos de acusación constitucional que los dos primeros capítulos de la acusación son efectivamente válidos y pasan los estándares que se exigen en materia de admisibilidad y por lo tanto la cámara podría pronunciarse sobre al menos esas causales”.

-¿A qué se refieren dichas causales?

“La primera es la que tiene relación con el artículo octavo de la Constitución, referente al principio de probidad, el cual a su vez tiene su correlato en la ley orgánica constitucional de bases generales de la Administración, cuyo título tercero trata precisamente acerca del alcance del principio de probidad y las obligaciones que tienen las autoridades de gobierno y administración respecto del mismo.

Ahora, ¿cuáles son los hechos? porque hay que cuadrar la norma con los hechos, y en este sentido los hechos están dados por las entrevistas que ha dado la ministra, las cuales además reconoce que dio, y donde sostuvo que ella había planteado que la ley de Educación vigente, la de admisión escolar desarrollada durante el gobierno de la Presidenta Bachelet en definitiva impedía a los padres y apoderados hacer consultas y obtener informaciones de los establecimientos de enseñanza antes del proceso de inscripción y matrícula en el respectivo recinto. Eso no corresponde a la realidad, pues claramente la ley de Educación Pública establece expresamente que los apoderados y padres tienen el derecho a poder solicitar información a los establecimientos educacionales en el que van a inscribir a los alumnos tanto antes como después de la matrícula.

Se trata de actos desarrollados en el ejercicio de su competencia y al mismo tiempo constituyen elementos suficientes para acreditar un acto de relevancia que falta al ordenamiento jurídico y por lo tanto, en definitiva, constituye además no una información, sino una desinformación pues precisamente contraría lo que la ley establece”.

-¿Y respecto de los datos privados? porque la acusación asegura que también existiría un problema con la finalidad con la cual padres y apoderados otorgaron su información personal.

“El segundo capítulo de la acusación constitucional, dice relación con el artículo 19 número 4 de la Constitución, que después de la Reforma de 2018 establece no sólo la protección de la vida privada de la persona sino también la protección de sus datos privados.  Cabe señalar que la ley de datos privados determina que cuando una persona, en este caso los apoderados o los padres, otorgan una autorización para el uso de sus correos electrónicos -que son datos privados- para determinados fines específicos, en este caso la finalidad debe ser respetada.

Y desde ese punto de vista, la finalidad por la cual entregaron sus correos es fundamentalmente para recibir información sobre la inscripción y la matrícula de sus hijos o pupilos; por tanto, para usarla en cualquier otro objetivo se les debiera advertir  y ellos otorgar su consentimiento. En consecuencia, al usar esos correos con un objetivo diverso al establecido por la ley y al mismo tiempo sin el consentimiento de los padres y apoderados se está claramente vulnerando la ley de datos privados y al mismo tiempo con ello también el derecho constitucional del artículo 19 número 4 de la Constitución.”

En síntesis, ¿habría al menos dos aspectos de la acusación constitucional que tiene validez?

“Hay hechos que son relevantes, claros, que son concretados por la persona de la ministra que está siendo objeto de la cosa acción constitucional y es claro que dichos hechos contrarían el ordenamiento jurídico que tenemos. La ministra podría haber usado cualquier otro instrumento, incluso pagar avisos en los diarios para dar a conocer el proyecto que ella patrocinaba que es el de admisión justa en aquel entonces. Sin embargo, no usó cualquier mecanismo que estaba disponible como en toda sociedad democrática y a disposición de los ministros de Estado para poder otorgar esa información. Nadie le niega el derecho a opinar ni informar, pero en definitiva eso lo debe hacer por los medios legítimos que plantea el ordenamiento jurídico y no con infracción ni a la protección de la vida privada y de los datos privados.

En síntesis hay dos capítulos y dos derechos constitucionales y sus respectivas leyes que están claramente vulneradas por dicha conducta.”