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Dobra Lusic: Reformar procedimientos, mejorar informes y no regular a la prensa

05/16/2019

Todo lo ocurrido con la ministra Dobra Lusic no se trata necesariamente de Dobra Lusic.

El punto de fondo en el rechazo al nombre de la ministra de la Corte de Apelaciones para ascender a la Corte Suprema es la necesaria y urgente revisión de los procedimientos para nombrar ciertas autoridades, una cuestión que viene tratando de reformarse desde principios de los 90, debido a que en muchos casos, no representa otra cosa que resabios de una dictadura militar.

El procedimiento para escoger autoridades tiene que ajustarse, o al menos transformarse, a los nuevos tiempos. Hoy en día no hablamos de un sistema bipartidista en el cual dos conglomerados enormes se tienen que poner de acuerdo para repartirse el poder.

La sociedad se ha atomizado, han surgido nuevos grupos de presión e interés, que si bien no siempre alcanzan la posibilidad de incidir en los mecanismos de designación, sí tienen voz en el debate público; la desconfianza en las instituciones y sus representantes se ha acrecentado en forma malthusiana, lo cual provoca no una tela sino un telón gigante de juicio sobre este tipo de procedimientos; y, finalmente, existe una fuerte demanda de transparencia, que en muchos casos deviene de los factores anteriormente mencionados y termina provocando un cuadro complejo, donde designar a un determinado individuo para un específico cargo puede convertirse en una labor titánica de realizar.

Algo que resulta curioso de toda esta crítica a las políticas de acuerdos, crisis de las instituciones y  búsqueda de transparencia, es que finalmente llevan con énfasis hacia la necesidad de más acuerdo. Al menos en el discurso, nadie parece estar dispuesto a  apoyar aquellos nombramientos que son producto del cuoteo político y el acuerdo entre los grandes sectores, pese a lo cual, una de las razones de la caída de Dobra Lusic fue el hecho de que el Gobierno actual no fue capaz de desarrollar un acuerdo amplio respecto de su nombre. Por una parte, la pugna se generó en torno a si se había consultado colectivamente a todos los comités de partidos en el Senado; por otro, a que el Ejecutivo no fue capaz de conseguir consenso y aprobación por parte de su propio sector, el cual en ningún momento aseguró que apoyaría la propuesta de su propio conglomerado.

Pero otra razón, igual y quizás más importante de la caída de Lusic, es que el Gobierno no logró aclarar antecedentes de hechos que diversos medios de comunicación publicaron en la última semana, requisito que diversos legisladores exigían antes de votar por ella para el cargo de la Suprema.

Dobra Lusic ha mantenido una trayectoria impecable en materia de Derechos Humanos. Su viabilidad -o no viabilidad- como ministra de la Suprema comienza y termina en los nuevos antecedentes que la prensa sacó a la luz en los últimos días respecto de su supuesta influencia en favor de un candidato para un cargo. Otras preguntas de los parlamentarios fueron zanjadas en la presentación de Lusic a los senadores en la comisión de Constitución de la semana pasada.

En ella, la ex candidata de la Suprema aclaró dudas, defendió su posición respecto a las supuestas influencias y lanzó una frase polémica: llamó a “regular a la prensa”, a raíz de lo que Lusic consideraba una verdadera campaña en su contra en los medios de comunicación. Y fue la prensa a la que quería controlar la que se encargó, un par de días después, de dar a conocer un informe en el que, -supuestamente-, la ministra sí habría ejercido influencias en favor del abogado John Campos.

Resolver las dudas respecto de este tema resulta mínimo. El desafío entonces es doble: reformar el procedimiento y mejorar los informes sobre el nominado/a.

Si el órgano que la nomina (Ejecutivo) no es capaz de responder la pregunta que realiza el organismo que aprueba (Senado), sobre la base de cuestionamientos que surgen a partir de publicaciones de prensa, existe el legítimo derecho a dudar si la nominada es pertinente para el cargo. De lo contrario sería una irresponsabilidad frente a la sociedad y la democracia.

Y no “regular a la prensa”.