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En medio de la pandemia… ¿Cuál es la urgencia con la Educación Parvularia?

06/18/2020

Cristóbal Vega C., Investigador Observatorio Legislativo del Instituto Igualdad

En medio de una las situaciones más graves que ha enfrentado Chile en materia de salud, el Gobierno, a través de sus facultades legislativas, ha priorizado algunas iniciativas para enfrentar los efectos del Covid-19. La tramitación de los polémicos: “bono Covid”, Ingreso Familiar de Emergencia y proyectos relacionados al seguro de desempleo y protección de trabajadores independientes, se han amalgamado –curiosamente- con el debate de tres proyectos asociados a la Educación Inicial (“Sala Cuna Universal”, Subvención en los niveles medios y “Kínder Obligatorio”). Todo aquello, acelerado a través de la sistemática presentación de urgencias por parte del Ejecutivo.

Particularmente, en la sesión de sala del Senado correspondiente al pasado 10 de junio, en la que se pretendía avanzar en la tramitación del proyecto de ley que suspende el corte y cobro de servicios básicos y prorroga su pago en cuotas (iniciativa no patrocinada por el Ejecutivo), enfocado al 60% de la población en situación de vulnerabilidad, el debate terminaría girando hacia el mensaje presidencial que otorga obligatoriedad al Kínder, debido a la urgencia de “discusión inmediata” presentada por el gobierno. Dicho lo anterior, y en el contexto de pandemia ¿cuál es la urgencia en el trámite de asuntos relacionados con la educación inicial?

A través de la reforma constitucional del año 2013, el Estado asume la promoción y el acceso a los niveles de transición en Educación Parvularia (Pre-Kínder y Kínder). Según datos de la encuesta Casen 2017, la tasa de asistencia de niños y niñas al kínder es del 95,2% (avanzando hacia una cobertura total). En tal sentido, podríamos consensuar que el nivel de transición no demuestra problemas en cuanto a su cobertura -si es que esa fuera la urgencia-; pese a esto, en la fundamentación de la iniciativa se expresan ideas relativas a la acreditación del nivel rendido para ser promovido a la enseñanza básica (sin considerar variables de vulnerabilidad, ruralidad, migración etc.), no promueve explícitamente el fortalecimiento de la oferta pública específica del nivel (JUNJI y Fundación Integra) en la implementación de dicha obligatoriedad, debilitando aquella oferta en favor de posibilitar su instalación en establecimientos escolares, contribuyendo en cristalizar una “naturalización” que relacionaría a los niveles de transición como parte de las escuelas y no del nivel inicial en sí mismo, además de exponer a educadoras de párvulos a dinámicas escolares, mecanismos de presión y evaluación de su quehacer por parte de otros equipos docentes, entre otros riesgos urgentes a debatir.

En suma, la celeridad propuesta por el Ejecutivo en la tramitación de los proyectos relacionados a la Educación Parvularia en un escenario en que no existe claridad del “retorno al aula”, más allá de ser un debate fuera de contexto en el marco de la urgencia sanitaria, parece estar relacionado a la instalación de un modelo de mercado educativo en un nivel que hasta hoy se ha encontrado exento de dicha dinámica, corriendo el riesgo de subvencionar a privados en los proyectos de niveles medios y “sala cuna universal”, además de propender a la escolarización temprana de niños y niñas en niveles de transición.

A partir de la implementación de la reforma educativa (iniciada el gobierno anterior), el país se ha resuelto emprender una ruta enfocada en remediar los efectos negativos producidos por la presencia excesiva del mercado en el sistema educativo. Por ello, resulta relevante evitar que aquellos efectos afecten ahora a la Educación Parvularia, lo cual sí es una urgencia inmediata.