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¿Estrategia de “copamiento preventivo” o “copamiento provocativo”?

12/27/2019

Por Adolfo González, investigador del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile

En pocos días el Intendente Felipe Guevara logró algo que en otros campos de la política pública sería una virtud: asociar una determinada gestión a su figura y nombre.

Hasta entonces, Carabineros asumía íntegramente los costos de la represión – incluso la ex Intendenta Rubilar se posicionó como un actor “empático” – y la Intendencia camuflaba su responsabilidad directa en materias de orden público. Contra todo pronóstico, Guevara anunció “tolerancia 0” para las manifestaciones sin autorización, visibilizándose como el gestor y responsable político de una estrategia que seguramente estuvo lejos de idear.

La Tolerancia Cero se instaló hace más de 20 años en el imaginario de los sectores conservadores como el paradigma de la buena política en seguridad; da lo mismo la evidencia que muestra que lejos de ser efectiva (la tasa de homicidios en Nueva York venía en brusco descenso años antes de la política de Giuliani) se tradujo en prácticas policiales represivas, especialmente contra grupos más vulnerables.

Tolerancia Cero parece ser el titular que representa en un segmento de la población la añoranza de la paz perdida, que desde el punto de vista político se ha convertido en el principal objetivo del Gobierno.

El uso de los términos no es inocuo, y tiene efectos prácticos. El objetivo declarado es impedir las manifestaciones ciudadanas, pero no cualquier manifestación, ni da lo mismo el lugar. El objetivo político-policial es la Plaza Baquedano, no se trata de cualquier lugar, se trata del epicentro de la rebelión ciudadana, que no sólo tiene un valor simbólico para el manifestante, también lo tiene para el gobierno.

En la película “La Colina de la Hamburguesa”, se enfrentaban las fuerzas vietnamitas y los invasores norteamericanos por la colina 937, los primeros defendían, los segundos atacaban; daba lo mismo las bajas humanas, el control de la colina tenía un valor simbólico análogo al que tiene la plaza Baquedano hoy para el Intendente y el Gobierno, el que pierde la plaza pierde la batalla simbólica. Sin embargo, la realidad supera la ficción, y en esta trama los que se enfrentan son ciudadanos y Carabineros, unos ejerciendo su derecho a manifestarse, otros ejerciendo el monopolio de la fuerza.

El llamado “copamiento preventivo” del Intendente intenta cumplir con su objetivo con tres elementos básicos: ocupación policial del espacio público para expulsar a los manifestantes en la medida que van llegando, vallas metálicas para cercar y limitar el tránsito de los manifestantes y sancionarlos a través de subterfugios disponibles en el stock policial.

En lo que respecta a la ocupación policial (en algún momento fue militar) más de mil efectivos de infantería (a pie) y decenas de vehículos antidisturbios han sido instalados de punto fijo en Plaza Baquedano con la instrucción precisa de impedir la aglomeración de ciudadanos. Da lo mismo si se trata de manifestantes pacíficos o insurgentes; siguiendo la lógica de las “ventanas rotas” (sustento teórico de la Tolerancia Cero) de lo que se trata es de evitar la sola presencia de personas en el territorio en disputa, actuar sobre el potencial manifestante evitará que se sume a otros/as y se convierta en un grupo de ciudadanos movilizados. El diagnóstico de la seguridad en el Gran Santiago aun antes del estallido social daba cuenta de la desigual distribución de recursos policiales, tras el estallido esa desigualdad se tradujo en la ausencia de seguridad en puntos de abastecimiento y transporte en las comunas populares. Hoy la disonancia se expresa en una Plaza Baquedano con excedente policial y un centro de Santiago abandonado, que alcanza record en comercio ambulante y delitos de oportunidad (hurtos, robos por sorpresa).

En la misma línea, la invasión de barreras metálicas en el espacio urbano, parece expresar el valor dado por los sectores conservadores a espacios públicos libres de manifestantes, aun cuando sea a costa de la estética urbana o la libertad de movilidad de los ciudadanos. Sería mejor impedir el acceso y libre tránsito de muchos a permitir el acceso de unos pocos que pudieran expresar su protesta contra el Gobierno. Siendo justos, las “vallas papales” pasaron a ser parte del paisaje urbano en los Gobiernos de la Concertación, con los mismos objetivos de mantener bajo control a los ciudadanos disconformes, y que en el actual contexto han pasado a ser la recreación de trincheras de guerra.

Y, por otro lado, la táctica policial se complementa con una herramienta adicional: la Ley del Tránsito. Como una forma de hacer efectiva la persuasión-expulsión de los potenciales manifestantes, Carabineros está infraccionando a los transeúntes invocando el artículo 185 de la Ley de Tránsito, que establece que “toda persona estará obligada, en la vía pública, a cumplir en forma inmediata cualquier orden, indicación o señal de Carabineros relativas al tránsito, sin que pueda discutirla, desobedecerla o entorpecer su cumplimiento”. Presencia policial y barreras son potencialmente vulneradoras de los derechos ciudadanos, sin embargo, este tercer componente sitúa la acción policial en una línea de cuestionable legalidad. En efecto, se está aplicando una norma dispuesta para sancionar la evasión de los controles de tránsito para amenazar y sancionar la protesta social. Es decir, a través de un subterfugio se estaría vulnerando un derecho constitucional.

De la misma forma como se ha instalado el populismo penal en la agenda legislativa del Gobierno, en la política de orden público se ha instalado el populismo policial, marcado por la demostración de fuerza como señal comunicacional y la instalación de la idea de que orden público equivale a tranquilidad social

¿“Estrategia de copamiento preventivo” o “copamiento provocativo”? hay algo que no cuadra en la ecuación político-policial, lo que en matemática es coherente (más policías es mejor) en la realidad el resultado puede ser contrario al que se busca. Por un lado, el copamiento policial es un aliciente para que el movimiento ciudadano mantenga su energía y aumente su radicalidad. Por el otro, la instrumentalización de Carabineros generará efectos que costará contrarrestar por un próximo Gobierno: se ha reforzado en la policía la noción de un ciudadano como enemigo, al que se debe reprimir y se han validado mecanismos ilegítimos como respuesta a la protesta social, tanto el uso desproporcionado de la fuerza como el empleo de recursos de dudosa legalidad. De la misma forma como se ha instalado el populismo penal en la agenda legislativa del Gobierno, en la política de orden público se ha instalado el populismo policial, marcado por la demostración de fuerza como señal comunicacional y la instalación de la idea de que orden público equivale a tranquilidad social.