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La ilegalidad de las FF.AA. y el control del narcotráfico

07/12/2019

Por Rafael Ferrada, abogado U. de Chile, @RafaFerradaH

Nuevamente el gobierno insiste en utilizar a las fuerzas armadas en el combate del crimen organizado. Esta semana, de forma intempestiva y a través de decreto, el Presidente Sebastián Piñera ordena la utilización de militares en las fronteras para combatir el narcotráfico, saltándose consigo todo debate democrático en el Congreso, decreto que es, a todas luces, ilegal.

En enero pasado, dentro del proyecto que aumenta los estándares de probidad y transparencia de las Fuerzas de Orden y de Seguridad (Carabineros y PDI), el Ejecutivo intentaba incluir una norma confusa, pero que permitía que el ministerio del Interior pudiera coordinar y ejecutar acciones con distintos órganos, dentro de los cuales se encuentran las Fuerzas Armadas, para el control de las fronteras y/o el combate del crimen organizado, lo cual se realizaba simplemente a través de un decreto “por orden del Presidente”.

Lo mismo fue observado en su oportunidad por distintos senadores de la oposición, donde se llamó la atención del peligro que podría suscitar la utilización de militares para tareas de orden y de seguridad interno, lo cual sería un visto bueno para que el Presidente pudiese utilizar a su conveniencia en dichas funciones a las ramas castrenses.

Hoy existe una voltereta de parte del Gobierno con el objetivo de realizar medidas efectistas, que pueden ser populares dentro de la población. Pero que, aparte de ilegal, es claramente inconstitucional, ya que otorga nuevas funciones a las Fuerzas Militares, fuera de las otorgadas en materias de seguridad nacional y de defensa que establece el artículo 101 de la Carta Fundamental.

Pese a que dicho proyecto se encuentra aún en tramitación, el Presidente, sin esperar regulación alguna, dicta un decreto para cumplir con las mismas tareas que señalaba dicho proyecto, es decir, a sabiendas que actúa fuera del marco de la ley.

En el mes de mayo de este año, la UDI pidió intervenir en las poblaciones para controlar los “narcofunerales”, una añoranza que tienen los sectores del gremialismo de tiempos donde los militares estaban a cargo del control de las calles durante la dictadura. Frente a dicha solicitud, el Ministro Chadwick dio un espaldarazo a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, donde afirmó que estas tienen la preparación suficiente para combatir el narcotráfico, y que son las policías las que tienen las competencias en estas tareas.

Hoy existe una voltereta de parte del Gobierno con el objetivo de realizar medidas efectistas, que pueden ser populares dentro de la población. Pero que, aparte de ilegal, es claramente inconstitucional, ya que otorga nuevas funciones a las Fuerzas Militares, fuera de las otorgadas en materias de seguridad nacional y de defensa que establece el artículo 101 de la Carta Fundamental.

Esperamos que Contraloría pueda observar este decreto por las evidentes irregularidades que tiene, donde las organizaciones de derechos humanos deben tener un pronunciamiento al respecto, ya que no se puede permitir la utilización de estas fuerzas para tareas de orden y de seguridad internas, al colocar dicha autorización en riesgo los derechos fundamentales de la población.