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Medidas para la sequía: no empecemos todo de nuevo

09/12/2019

Por: Rodrigo Herrera Jeno, Ingeniero Forestal y M.Sc. en Gestión y Planificación Ambiental, de la Universidad de Chile.

Tras casi diez años de sequía en Chile, el Presidente Sebastián Piñera anunció un paquete de medidas para enfrentar la situación que están viviendo 56 comunas bajo decreto de escasez hídrica en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, además de 111 comunas bajo decretos de emergencia agrícola. Una de las medidas es crear un grupo transversal conformado por distintos actores y sectores para hacer frente a una crisis que al parecer no desea darnos tregua y donde se visualiza un retraso por parte del Estado de Chile de al menos 20 o 30 años. Al igual que otros temas, Chile enfrenta el problema de una manera reactiva, más que anticipativa, pues cuenta con instrumentos de políticas públicas que no sabemos si realmente se están implementado.

La situación es más que grave y coincide con la emergencia o crisis climática mundial que estamos viviendo. El 40% de la población mundial -unos 2.800 millones de seres humanos- habita regiones con escasez de agua; y alrededor de 900 millones carecen de acceso a un agua segura. Si bien el 71% de la superficie del planeta es agua y el resto tierra, sólo el 3% de los recursos hídricos del planeta es potable y el 70% de esa agua potable sólo se utiliza en la agricultura.

El uso del agua es esencial para elevar la productividad de sectores tan relevantes como la agricultura. El problema es que con esta sequía de una década aproximadamente, no está asegurada la producción agrícola en el mediano y largo plazo. Otros sectores, como el forestal, aprovechan de manera natural el agua de las lluvias; no obstante, la disminución de las precipitaciones, uno de los elementos vitales para el desarrollo de formaciones vegetacionales nativas o el establecimiento de plantaciones forestales exóticas de rápido crecimiento también está colocando en riesgo el desarrollo del sector.

En concreto, la disminución de las lluvias por efecto del cambio climático hará que futuras forestaciones o reforestaciones, por ejemplo con plantaciones exóticas de rápido crecimiento, impacten aún más la biodiversidad y la disponibilidad de agua. Por otro lado, el incremento de estas plantaciones forestales de especies de rápido crecimiento podría ser menor por la escasa disponibilidad de agua, lo que implica que el retorno proyectado de este tipo de formaciones forestales podría adelantarse aún más cuando hablamos de commodities como la celulosa; y que, para efectos de enfrentar el calentamiento global, también podría sostenerse que aquellos que defienden que plantar pinos o eucaliptus ayuda al calentamiento global porque estas plantaciones son sumideros de carbono están al parecer en un tremendo error, considerando que estudios científicos serios de toda índole señalan que una de las medidas más efectivas para enfrentar el calentamiento global es conservando y preservando los bosques naturales si aplicamos restauración y manejo forestal sustentable.

Volviendo al tema del agua y la agricultura, el consumo de agua por sector según el Atlas del Agua del año 2016 estimó para la Minería un 3%. Para la Industria un 7%, agua potable un 8% y el sector agropecuario un 82%. Pareciera ser que las cifras globales no dan cuenta de las cifras locales: según UNESCO, la disponibilidad de agua límite para la adecuada sustentabilidad humana es de 1.700 m3/habitante/año. Es decir, una persona debiese vivir sin problemas con 4,7 m3 de agua al día. Comparado con lo anterior, en Chile la disponibilidad de agua promedio es de 54.000 m3/habitante/año (150 m3 de agua al día), situando a nuestro país en el lugar 24 de disponibilidad de agua a nivel mundial. No obstante, de Santiago al Norte la disponibilidad de agua es de 1.000 m3/habitante/año (2,7 litros de agua al día), con localidades donde simplemente no hay agua. El problema no es la disponibilidad de agua, sino su distribución, calidad y gestión. De ahí que, según el Instituto de Recursos Mundiales, Chile ocupa el lugar 24 entre las 33 naciones del mundo con mayor riesgo hídrico para 2040.

Por otro lado, la información sobre la sequía extrema que estamos viviendo pareciera sorprender a algunas autoridades, cuando se sabe que Chile es uno de los países más afectados y amenazados por el proceso de desertificación. Recordemos que ésta es la degradación de tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultantes de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. En el año 1997, el Estado chileno suscribió y ratificó la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), transformándola en Ley de la República. Ese mismo año, el Gobierno diseñó un Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación (PANCD), el cual se actualizó recientemente para el período 2016 – 2030. Las cifras son claras: de los 75 millones de hectáreas del territorio continental chileno, cerca de 16 millones de hectáreas, es decir, el 22% de la superficie del país, tiene algún grado de riesgo de desertificación y un 38% de la población está afectada. Por su parte, el 12% de la superficie del país está afectada por una sequía grave, involucrando al 57% de la población nacional. Según antecedentes del estudio Mapa Preliminar de la Desertificación en Chile realizado por CONAF en 1999 y donde se analizaron 290 comunas, el 93% de éstas se encontrarían afectadas en diferentes grados por procesos de este tipo. El avance del desierto en Chile a regiones semiáridas y australes se ha estimado en 0,4 km. por año.

La pregunta que cualquier lector medianamente informado podría realizar es: ¿qué ha pasado con la implementación de políticas públicas en Chile? Pues bien, la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012 – 2025, en el primer gobierno del Presidente Piñera, estableció cinco ejes: 1. Gestión eficiente y sustentable para establecer políticas que incentiven la gestión integrada de los recursos hídricos, proteger su calidad y cantidad; 2. Mejorar la institucionalidad creando para restos efectos una nueva institucionalidad de aguas y mejorando la información disponible; 3. Enfrentar la escasez creando embalses, desarrollando infiltración artificial de acuíferos, desalando y utilizando otras fuentes de agua no convencionales; 4. Generando equidad social y cobertura de agua potable rural; y 5. Entregando información a la ciudadanía.

La Política Nacional de Recursos Hídricos 2015, del segundo gobierno de la Presidenta Michele Bachelet, estableció dos grandes objetivos: 1. Diseñar, elaborar e implementar programas y acciones para mitigar los efectos de la sequía y 2. Proponer alternativas de reordenamiento institucional y modificaciones al ordenamiento jurídico. Dicha política cuenta con 10 directrices, 4 ejes de trabajo, 13 medidas de acción y 53 acciones específicas; y diseña un plan de inversiones para pequeños embalses por $ 295.077 MM, otro para grandes embalses y apoyo al sistema de agua potable rural. Finalmente, el Plan Nacional de Acción Nacional de cambio Climático 2017 – 2022 cuenta con cuatro ejes temáticos: 1. adaptación, 2. mitigación, 3. medios de implementación y 4. gestión del cambio climático a nivel regional y comunal; y posee 16 objetivos específicos, 30 líneas de acción y 96 medidas.

Valorando el esfuerzo de los distintos gobiernos por enfrentar la crisis del cambio climático y el agua desde que comenzó la sequía respecto de establecer políticas públicas y estrategias, y sin pretender en esta columna evaluarlas, es probable que quienes están más afectados en aquellas regiones y comunas donde se han establecido decretos de escasez hídrica o zonas con emergencia agrícola esperan hoy que el anuncio del Presidente Piñera no sea un borrar con el codo lo que se ha propuesto, sino más bien entregar ahora todos los recursos y capacidades para el logro de cada una de las medidas ya establecidas en distintas políticas públicas o estrategias definidas en el pasado. Destacados estudios, -como el de los Escenarios Hídricos 2030- indican que el diagnóstico y listado de problemas relacionados con el agua aún persisten y están plenamente identificados: gestión hídrica y gobernanza, aumento de la demanda por agua, contaminación del agua, disminución de la oferta, daño ambiental, y desastres naturales. Por lo tanto, volvemos a lo mismo: ¿para qué diseñamos políticas públicas si después no las aplicamos o implementamos en plenitud?

La emergencia o crisis provocada por el calentamiento global invita a actuar más que aceleradamente, apelando a la conciencia y justicia ambiental, a establecer medidas efectivas de mitigación y adaptación que nos permitan resistir a la crisis climática y hídrica, establecer una real gobernanza climática y del agua con participación ciudadana activa y vinculante, y estableciendo otro modelo de desarrollo que sostenga algo que parece olvidamos a menudo: la sobrevivencia de ésta y futuras generaciones.