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Respuesta a la propuesta del Gobierno para la clase media

07/15/2020

Por: María José Becerra, Luis Eduardo Escobar, Álvaro Gallegos, Lissette Henríquez, Carlos Ominami, Eugenio Rivera y Jacqueline Saintard

La presión social y parlamentaria obligó al gobierno a proponer, por fin, un plan de apoyo a la clase media que lleva cuatro meses de angustia y empobrecimiento. Llega tarde. Pero representará un alivio.

Lo central del plan del gobierno insiste, sin embargo, en operar por la vía de los préstamos, agravando la situación de familias de clase media altamente endeudadas. No tiene justificación obligar a familias que tienen ya comprometido un 75% de sus ingresos a endeudarse más aún, mientras la deuda pública alcanza solo a un 30% del PIB. Es más lógico y conveniente que se endeude el Estado y no las personas.

De igual forma, es una propuesta que no se hace cargo de la difícil situación que enfrentan hogares que no califican para el IFE porque sus ingresos se encuentran en los bordes de los requisitos exigidos. Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó recientemente por una amplísima mayoría una reforma constitucional que permite el retiro de hasta un 10% de los fondos previsionales. Se busca con ello paliar la difícil situación que enfrenta la mayoría de los hogares que no han podido acceder a los beneficios hasta ahora entregados.

En todo momento hemos sostenido que la mejor solución habría sido que el gobierno hubiese resuelto oportunamente un programa de emergencia de amplia cobertura, de montos suficientes y de acceso simple y expedito. El gobierno, sin embargo, hizo oídos sordos.

El intento de revertir a última hora la decisión adoptada por la Cámara de Diputados representa una presión indebida a un poder del Estado que, de concretarse, dejará aún más deslegitimada a esa institución fundamental de la democracia. Representaría también una grave restricción a la libertad de las personas que legítimamente sienten que, enfrentadas a una grave emergencia, debieran poder disponer de recursos que les pertenecen.

En las condiciones actuales lo más razonable es que se le ofrezca a la ciudadanía la posibilidad de optar libre e informada por cualquiera de las dos opciones planteadas.