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Una ley Antiterrorista demasiado corta

07/31/2019

El Gobierno de Sebastián Piñera demostró, una vez más, que no es el más sutil de los gobiernos.

Tras los brutales atentados a personal de Carabineros de La Pincoya y a las oficinas de Quiñenco en Las Condes, el Gobierno salió en minutos a recalcar la importancia de que el Congreso aprobara la Ley Antiterrorista que se tramita en el poder legislativo. La calificación de “tongo” a un dos acciones terroristas, graves, y delictivas, no se hizo esperar ni en redes ni en las conversaciones del día.  Al Ejecutivo nuevamente lo traicionaba su incontinencia verbal y comunicacional, en la búsqueda de sacar provecho político de una coyuntura deleznable.

¿Pero qué pasa con la ley antiterrorista?

Es bueno recordar como contexto que la actual legislación antiterrorista es de origen antidemocrático, nacida en dictadura para perseguir a la oposición de la época. Las críticas van desde su ineficiencia, hasta el hecho que que se extienda a delitos contra la propiedad. Recién en 2011, el Parlamento logró hacerle ciertas modificaciones. Sendos proyectos de Piñera y Bachelet han buscado ahondar en dichas modificaciones.

Lo que queda claro es que la Ley Corta, por muy corta que sea, no parece satisfacer las necesidades de fondo en materia de lucha antiterrorista. Más bien parece una construcción deliberada de mayores facultades e instrumentos para usar contra ciertos movimientos.

Pero ahora la discusión tiene otro nombre: la Ley Corta Antiterrrorista, introducida por el actual Gobierno. Si bien la idea de Sebastián Piñera de presentar esta iniciativa era dividir el proyecto que reformaba la ley para darle rapidez a su tramitación y otorgar mayores herramientas investigativas al Ministerio Público y a las Policías, la propuesta del Ejecutivo adolece de serios reparos, al no hacerse cargo de los déficits y críticas que sistemáticamente se han formulado a la legislación.

La ley corta de Piñera no reformula la definición de lo que es una conducta terrorista, ni modifica tampoco los delitos que hoy son caracterizados como tal. De igual forma, no se hace cargo de los déficits de eficacia de la ley, ni de las críticas en materia de derechos humanos por la utilización de testigos protegidos, el secreto de la investigación, la incomunicación de los imputados o las prolongadas prisiones preventivas que deben cumplir estos, que luego son absueltos o condenados por delitos comunes.

Los críticos a la acción policial en la Araucanía no ha escatimado críticas a la iniciativa del Ejecutivo, planteando que desconoce la naturaleza política del conflicto en el sur de Chile y al fortalecer la labor de los fiscales acentuando la política de persecución en contra del pueblo mapuche.

En ese sentido, las críticas también han arreciado en cuanto a lo limitado de la mirada legislativa del Gobierno, pues la propuesta no se ocupa de la investigación de delitos con connotación terroristas, sino que es un  proyecto que busca derechamente suplir las debilidades que existen en el Ministerio Público desde el punto de vista de sus técnicas investigativas.

Lo que queda claro es que la Ley Corta, por muy corta que sea, no parece satisfacer las necesidades de fondo en materia de lucha antiterrorista. Más bien parece una construcción deliberada de mayores facultades e instrumentos para usar contra ciertos movimientos.

Y eso es más bien harina de otro debate. O cereales de otro costal.